Ex senadores bonaerenses podrían ir a juicio oral

La Justicia penal platense concretará la semana próxima la audiencia previa del juicio oral y público a cuatro ex senadores radicales bonaerenses imputados en una causa que investiga una presunta estafa con el otorgamiento de subsidios.

Según el diario El Día, fuentes judiciales informaron que la audiencia, prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, tiene como fin que las partes se pongan de acuerdo sobre la prueba que se incorporará al juicio, la duración de las jornadas de debate y si es necesario o no una instrucción suplementaria.

Esa audiencia se realizará el 12 de este mes, a las 10, en el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, integrado por los jueces Horacio Nardo, María Martiarena y Carmen Palacios, mientras que como representante del ministerio público, en el juicio oral intervendrá el fiscal coordinador del Area Rubén Sarlo.

Los voceros consultados indicaron que en la audiencia previa podrían concurrir -no es obligatorio- los ex legisladores imputados, Juan Carlos Stávale, Gustavo Marelli (ambos patrocinados por Eduardo Gutiérrez), Carlos Pérez Gresia (asistido por Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo y Juan Losinno) y Ana María Posadas (representada por Darío Saldaño).

Estos cuatro legisladores están imputados de los presuntos delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público", mientras que los por entonces empleados de la Legislatura Víctor Weckeser, Daniel Montes y Marta Cámara están imputados por presunta malversación de caudales públicos.

Esta investigación, realizada por la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, se inició en 2002 a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio que habría sido entregado por el ex senador Monasterio.

A partir de allí la fiscalía amplió la investigación a todos los subsidios otorgados a determinadas entidades o asociaciones civiles de cuya existencia se dudaba. Y finalmente los fiscales consideraron en su dictamen que había elementos para presumir que se otorgaron subsidios en forma irregular a entidades que no existirían, por un monto del orden del medio millón de pesos.

En el marco de la investigación, se le solicitaron al Senado los legajos sobre los citados subsidios y al ser analizados surgieron sospechas sobre maniobras similares, presuntamente concretadas por otros otros integrantes de esa Cámara.

Los fiscales dictaminaron que "en la mayoría de los lugares consultados por los funcionarios judiciales se descubrió que las entidades que figuraban como receptoras de los subsidios o eran 'fantasmas' -en las direcciones que constan en los legajos sólo hay casas particulares, la institución no existe y los vecinos consultados no tienen conocimiento sobre si alguna vez funcionó allí alguna- o existían pero estaban integradas por parientes, allegados a los legisladores o empleados de la Cámara Alta".