Nueva ley de medios: Una oportunidad histórica para archivar definitivamente la ley de la dictadura

* Editorial Agencia Nova, por Pedro Noel Romero

La jornada de este jueves puede ser considerada como histórica si se tiene en cuenta que tras 26 años desde que se recuperó la democracia en la Argentina de manos de Raúl Alfonsín hoy acaba de habilitarse la oportunidad de un debate que permita archivar definitivamente la ley de la dictadura militar sancionada en 1980 en tiempos de Jorge Rafael Videla y Alfredo Martínez de Hoz.

No existen excusas para que este objetivo tan anhelado por una gran parte de la sociedad, con excepción del empresariado ligado a los multimedios, no se concrete, ni siquiera es válido el argumento de este presente político de marcada confrontación que deriva en la pésima relación gobierno-oposición que subyace.

Tampoco es excusa que gran parte del clima de crispación tenga como protagonista central al gobierno de los Kirchner, y que el ex presidente antes de finalizar su mandato en diciembre del 2007 habilitó la fusión de Multicanal (Clarín) y Cablevisión, que acaba de recibir un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia pero falta un paso fundamental en su ratificación que en el fragor de la puja con el multimedio el Gobierno no piensa dar.

La dirigencia política no resiste un archivo, sin embargo, en el Congreso nacional se dispararon conferencias de prensa en escala de Unión-Pro, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, que, por separado, se manifestaron en contra del proyecto oficial que ingresó en la Cámara Baja este mediodía por la sola razón de que la iniciativa es de los K.

No se entiende la posición de la UCR. Históricamente se ha manifestado en contra de la ley de la dictadura y batalló con proyectos que blandieron ese objetivo y fueron trabajosamente elaborados por Margarita Stolbizer –aunque ya no pertenece a ese partido sino al GEN- y Gustavo López, hoy subsecretario General de la Presidencia, pero ayer interventor del Comfer durante la gestión presidencial del radical Fernando de la Rúa.

Es que en 26 años de democracia en la UCR hubo una diáspora y hasta una mutación, porque ayer fueron gobierno en los ‘80 y los ’90 e intentaron derogar la 22.285, pero hoy son oposición y hasta oficialismo a la vez si tomamos como ejemplo a los citados Stolbizer y López más Elisa Carrió y el ejemplo extremo de Julio Cobos.

Lo pudo haber hecho la UCR durante las gestiones de Alfonsín y De la Rúa; tiene la posibilidad de hacerlo el actual gobierno con la composición en las cámaras legislativas que eligió el electorado en el 2007 y que tiene mandato hasta el 10 de diciembre. Así lo hubiera logrado un gobierno radical o lo termine por concretar la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el nudo medular de la cuestión pasa por hacer algo alguna vez y de una vez por todas para archivar la ley de la dictadura.

Todas las veces que alguna gestión democrática intentó “meter las narices” en la cocina de la ley de Videla y Martínez de Hoz, los multimedios (encabezados por Clarín y La Nación) ejercieron una enorme presión para que nadie se atreviera u osara derogar esa norma.

Salvo que se habilitaran modificaciones como en el artículo 45 de la 22.285, que hasta 1994 impedía la concentración de medios y cuya reforma el Grupo Clarín se la exigió a Raúl Alfonsín, que no cedió a la presión de Héctor Magneto y debió padecer las mismas portadas del gran diario argentino que padece el actual gobierno pero que allá por 1988 y principio del ’89, etapa de picos de hiperinflación, eran una virtual incitación para que la gente corriera a saquear supermercados a la vez que alentaban la corrida cambiaria en la City porteña.

El Grupo editorial terminó acordando con Carlos Menem en tiempos en que el secretario de Medios era Raúl Burzaco la modificación de ese artículo a cambio de la reelección del riojano que se concretó en las urnas en 1995.

Este es sólo un ejemplo, un botón de muestra que explica por qué va a existir a partir de la presentación del proyecto de nueva ley de medios que efectuó este mediodía CFK una presión salvaje que comenzó esta tarde, con un maratón mediático para cubrir en cadena las conferencias de prensa de la oposición y poner a disposición de Francisco de Narváez, Elisa Carrió (CC) y Silvana Giúdici (UCR) todos los medios que permitan trabar la iniciativa del oficialismo.

Es una paradoja. La excusa para poner palos en la rueda es que los K son autoritarios, pero el antídoto es la preservación de la vigencia de la ley de la dictadura a cuyo amparo cuatro grupos empresarios se adueñaron del 80 por ciento de los medios de comunicación, una situación que no se da en ningún país del mundo.

No se dice a la opinión pública que cinco años atrás se constituyó una coalición democrática conformada por organizaciones no gubernamentales que tuvo la difícil labor de elaborar una nueva ley de medios y cuyo anteproyecto se presentó el 18 de marzo pasado en el Teatro Argentino de La Plata.

Tampoco, que uno de los puntos más importantes de la iniciativa es la regulación del llamado Triple Play (telefonía-internet y TV, todo en un mismo servicio), un negocio estimado en 15 mil millones de pesos al año; y que también regula la adjudicación de licencias de señales e impide, por ejemplo, que una empresa tenga licencia de cable y a la vez canales de aire.

Es decir, limita el poder de los multimedios, como Clarín, que deberá desprenderse de Canal 13 si quiere seguir operando Cablevisión y Multicanal, o sus varios canales del interior.

Nada dice la oposición que el proyecto de ley destinará el 33 por ciento del espacio audiovisual a las “minorías”, es decir, organizaciones sin fines de lucro como iglesias, universidades, ONG's y sindicatos; y que por esta norma se crea una autoridad regulatoria para revisar cada dos años las condiciones en que se entregan las licencias.

Y que antes de romperse el contrato entre la AFA y Televisión Satelital Codificada (TSC), el proyecto ya tenía previsto que los partidos de fútbol relevantes pudieran verse gratis por TV abierta como comenzó a suceder la última semana con el comienzo del Torneo Apertura de Primera División.

Que la ley establecerá una Cuota de Pantalla de Cine Nacional como sucede en Francia o Brasil, entre otros países, y que se creará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo que reemplazará al actual Comfer y dependerá de la Secretaría de Medios de la Nación, que reporta a la Jefatura de Gabinete.

Es increíble. La Argentina sostiene una norma que nada dice de los servicios de Internet ni de la telefonía celular ni mucho menos de la era del triple play de inminente aplicación, porque el Estado argentino acaba de optar por el sistema de tecnología japonesa al igual que lo hizo Brasil.

El Congreso nacional tiene la palabra. El debate y las discusiones más ásperas comenzaron hoy mismo. Hay una pelea de fondo, una puja a todo y nada que librarán el Gobierno y Clarín.

En la oposición a nadie le interesa la democratización de los medios. A cambio de segundos de televisión y un par de líneas en los diarios, hay legisladores que venden el alma al diablo. Carrió ya lo hizo hace tiempo, y en el caso de Silvana Giúdici (UCR) tiene asegurado su periplo por los noticieros y toda la programación de Canal 13 y TN; y menciones en el gran diario argentino durante cada día que demande el debate en el Congreso.

Poco importa que represente a un partido político que resistió –con Alfonsín- los embates del multimedio en los ’80 e intentó remitir al Poder Legislativo un proyecto de nueva ley de medios durante la gestión del radical aliancista Fernando de la Rúa.

En el país se está ante la instancia crucial, y el kirchnerismo y fuerzas políticas aliadas tendrán la enorme y plausible posibilidad de archivar de una vez por todas la “ley de la dictadura”.

* Corresponsal de Agencia NOVA en Casa Rosada