Entidades Financieras: El ejecutivo quiere reemplazar otra ley de la dictadura

viernes, 16 de octubre de 2009

Desde el gobierno nacional ya se piensa en la reforma del sistema de entidades financieras. El proyecto de ley fue elaborado entre el Ministerio de Economía y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Preparan marcha al Congreso en apoyo.

El gobierno nacional ahora irá por una nueva ley de la dictadura luego de lograr un fuerte impulso con la aprobación de la Ley de Medios. La Ley de Entidades Financieras 21.526 fue sancionada el 14 de febrero de 1977 para liberar el mercado financiero.

Según el matutino porteño Ámbito Financiero el proyecto apunta a que los bancos dejen de ser el principal sujeto de derechos para priorizar a consumidores y pymes vinculadas a la producción.

El texto será presentado y se buscará que sea aprobado antes del 10 de diciembre, y estaría enmarcado como una política de Estado. El oficialismo espera contar con el apoyo de la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, además de los bloques aliados de centroizquierda.

La CAME ya analizó las principales directrices de la nueva ley de entidades financieras con el diputado oficialista Gustavo Marconato, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de trato directo con el directivo de CAME Santa Fe, Elías Soso. Ahora el ministerio de Economía que comanda Amado Boudou está dándole los retoques finales

Los principales puntos de la reforma son: Convertir al sistema bancario en una institución para la promoción del desarrollo, en forma coordinada con el Banco Central de la República Argentina que preside Martín Redrado. Cambiar el posicionamiento estratégico del BCRA en el sistema bancario. El Banco Central dejaría de ser un mero controlador de entidades para incorporar la posibilidad de realizar política monetaria activa a través de la organización de redescuentos para otorgar créditos a pymes, fijando mediante ese instrumento las condiciones de plazo, las tasas y el régimen de penalidades.

Además, la nueva ley apunta a establecer límites al porcentaje de la cartera de crédito de las entidades que pueden ser destinadas a consumo y financiamiento del Estado, empujándolas de esa forma a incrementar el financiamiento a pymes. Para redireccionar el crédito, se podrían establecer encajes fraccionados. Se buscará poner topes a los costos de financiamiento que pueden cobrar los bancos. Se podría establecer que el BCRA otorgue redescuentos a bancos comerciales a una tasa equivalente al 50% de la tasa utilizada para operaciones activas del Banco Nación. Por último, busca exigir la presencia de las entidades bancarias en todo el país. La actual ley no exige una presencia mínima de entidades en determinadas regiones y actualmente el 81% del crédito al sector privado se concentra en cuatro provincias: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

La legislación vigente fue elaborada por José Alfredo Martínez de Hoz, entonces ministro de Economía de Jorge Rafael Videla, y por quien era en ese momento presidente del Banco Central, Adolfo Diz.

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