Denuncian a la Fiscalía del Estado por demorar el pago a víctima de la dictadura

Pocos hombres han transitado los caminos laberínticos de la Justicia como Daniel Paskvan. Hace 30 años que reclama que el Estado provincial se haga cargo del daño que le provocó cuando, en tiempos de la última dictadura, usurpó y vendió todos sus bienes. Aún no encuentra el pasillo que lo lleve a una salida. Y cree que el gran obstáculo es la Fiscalía de Estado, contra la cual ya inició varios pedidos de juicios políticos sin eco en la Legislatura, y una denuncia penal que tramita en la justicia platense con figuras como las de "abandono de persona", "violación de los deberes del funcionario público" y "abuso de autoridad", entre otras.

Su causa original (la de daño moral y económico) ya tiene sentencia firme de la Suprema Corte desde el 16 de septiembre de 2003. La condena al Estado bonaerense por las tropelías de la policía de Ramón Camps y compañía fue confirmada por el máximo tribunal nacional. Corresponde un resarcimiento que, sólo de capital y sin dolarización mediante, supera los 11 millones de pesos. "Es lo mínimo que la provincia de Buenos Aires les adeuda a los actores con motivo de la condena en ejecución", dice la última resolución de la jueza Laura Larumbe, del 28 de enero pasado.

Los fondos ya fueron librados por el ministerio de Economía, pero, según denuncia Paskvan, "el Fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, sigue poniendo trabas para que se ejecute".

Víctimas. Paskvan no fue desaparecido ni torturado por los grupos de tarea. Comprende la diferencia con las víctimas del terrorismo de Estado que perdieron su vida o nunca fueron encontrados. Pero su padecimiento también reclama reparación. En el camino, desde el 16 de mayo de 1980 hasta hoy, perdió a su padre (Dalmacio Paskvan), entonces propietario de las empresas familiares, quien murió endeudado por las maniobras económicas de los usurpadores.

Al heredar esa situación, Daniel tampoco puede llevar adelante una vida empresarial normal. Y su situación se complica por lo que él considera "una persecución". Actualmente es un "testigo protegido", y por compartir la condición de víctima de la dictadura declaró más de una vez en los juicios contra los jerarcas de la policía bonaerense. "Yo declaré, cara a cara, ante (Miguel) Etchecolatz, en la misma causa que Julio López" (Camps II), explica para graficar por qué, en el ámbito judicial, se lo considera una "boleta caminando".

Los padecimientos familiares se trasladaron a la madre del empresario, de 86 años, y a su mujer, Clara Paskvan, quien se lamenta que su hijo menor (de 17 años) tuvo que optar por rendir libres las materias del secundario, porque de lo contrario tenía que ir con custodia a la escuela.

Todo comenzó el mismo día que una patota de la bonaerense, encabezada por Pablo Richieri (sucesor de Camps), ingresó a las plantas de elaboración de alimento balanceado para aves que los Paskvan tenían en Lobos y en Roque Pérez.

A punta de metralla, Dalmacio fue sacado de la administración y de su propia vivienda. Cuando Diagonales hizo pública la historia en octubre de 2008, su hijo Daniel contaba que, ese 16 de mayo de 1980, "un grupo comando tomó las empresas y dispuso guardias armadas las 24 horas. Se quedaron con todo, incluido los 50 vehículos, entre camiones cerealeros, semi remolques y de reparto que fueron vendidos".

La usurpación alcanzó a otras empresas familiares: una que funcionaba en Santa Fe, el establecimiento central de Roque Pérez, una planta de incubación en Lobos y el depósito comercializados que funcionaba en el barrio Palermo Viejo de Buenos Aires.

El calvario familiar no concluyó cuando Daniel recuperó las propiedades, porque los apropiadores habían liquidado todos los activos. Estaban absolutamente vaciadas y cargadas de deudas. Y tuvo que responder como "socio solidario". Para ello, fue necesario que vendiera otras propiedades. Perdió un restaurante en Santa Fe, su casa de toda la vida y tres inmuebles en Capital: un piso en Arenales y Ayacucho, un departamento en la calle Posadas y una oficina en Uruguay y Lavalle. "Nos embargaron todo y quedamos insolventes", se lamenta.

Que la Justicia le haya dado la razón en cada oportunidad en la que se presentó no resultó un alivio. Al menos hasta ahora. Primero fueron condenados los responsables. Eso ocurrió en 1991, en el terreno penal. Pero la familia tuvo que esperar 12 años más para que la sentencia contra la Provincia por daño moral y económico quedara firme. Ocurrió el 16 de septiembre de 2003, cuando se expidió la Suprema Corte bonaerense.

En noviembre de 2004, el entonces gobernador Felipe Solá reconoció los hechos a través del decreto 2851 y le dio intervención al Fiscal de Estado para que procediera a formalizar un acuerdo de pago.

Szelagowski nunca transitó ese camino, lo que llevó al empresario a realizar varios pedidos de juicio político, sistemáticamente omitidos en la Legislatura. La demora lo llevó a trabar un embargo contra las cuentas provinciales por 20 millones de pesos.

Y en 2009 abrió la instancia penal contra el Fiscal.

Después de que seis jueces se excusaran de llevarla adelante, la Cámara Penal decidió remitir la causa, que lleva el número 21.995, a la UFIC (Unidad Funcional de Investigaciones Complejas) Nº 8, a cargo de Jorge Paolini.