Dan media sanción a proyecto sobre trata de personas

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley elaborado por el Senador Guido Carlotto denominado Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.

El proyecto establece una serie de beneficios para las víctimas involucradas en casos de trata e impone, además, la obligación a todo funcionario público que "tome conocimiento de uno o más casos" de denunciar "inmediatamente a la autoridad competente, bajo apercibimiento de las sanciones legales y administrativas correspondientes".

En ese sentido, el proyecto prevé que todas las víctimas reciban alojamiento apropiado, asistencia psicológica, médica, jurídica y económica. También dispone la incorporación de las víctimas, si fuera necesario, al programa de vigilancia y atención de testigos y que se facilite el retorno al domicilio.

Además, la iniciativa también incluye una serie de beneficios para el grupo familiar de la víctimas, como por ejemplo alimento y alojamiento, asistencia jurídica y psicológica.

"Este proyecto beneficia principalmente a las personas más vulnerables pues apunta a combatir la falta de información y la desesperación de las personas más desprotegidas que, una vez hecho los contactos con los tratantes, son trasladadas mediante engaños a otros lugares, lejos de su familia y sus lazos afectivos, donde se encuentran con una triste realidad: las condiciones de trabajo prometidas no existen y el único fin de ese "contrato" es la formación de ejércitos de esclavos confinados a prostíbulos u otros trabajos esclavos", afirmó Carlotto.

Este proyecto, elaborado e impulsado por Carlotto, está en sintonía con lo dispuesto por el Congreso de la Nación Argentina que aprobó, en 2008, la ley denominada de PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS, Ley 26.364, en consonancia con numerosos tratados y protocolos internacionales que establecen las bases para combatir una serie de delitos hoy conocidos como la esclavitud del siglo XXI. En 2009 el gobierno Nacional logró las primeras condenas en virtud de esa ley, y mejoró los mecanismos gubernamentales de identificación y asistencia a las víctimas de este delito.