Aprueban Ley de inserción laboral para liberados

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley tres proyectos, vinculados a Seguridad y Justicia promovidos por el Gobernador Daniel Scioli, por intermedio del Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, que ya contaban con media sanción del Senado. También se aprobó el proyecto de ley que busca modificar la ley 13.647, de Creación del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, presentado por el Diputado (PJ-FpV) Iván Budassi.

Con respecto a este último, el Diputado Iván Budassi explicó que “las modificaciones incorporadas tienden a mejorar el funcionamiento de este Consejo en el sur de la Provincia, con la incorporación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPLS). Actualmente, el consejo está conformado por representantes de distintos sectores vinculados al campo, organismos públicos y también asociaciones privadas. Sumando a esta agencia ambiental, se busca favorecer la lucha contra la desertificación que afecta a los doce distritos, y la obtención de fondos de organismos de cooperación internacional para combatir los efectos del cambio climático y la erosión de los suelos”.

Budassi agregó: “Al mismo tiempo, el proyecto garantiza la inserción de una partida para el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense en cada presupuesto y que, como mínimo, se mantenga la asignación de fondos del año anterior”.

En la misma sesión se convirtieron en ley los proyectos que tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo. Iván Budassi, quien fundamentó dos de ellos en el recinto, explicó la importancia de la descentralización del Tribunal de Casación bonaerense, que es el encargado de revisar las causas y sentencias penales. “Esta nueva ley promueve la creación de nuevas salas en la provincia. Esto tiende a descomprimir el cuello de botella que se genera por la enorme cantidad de causas que tienen que revisarse.

Se busca que no tengan que pasar años para que se defina la situación judicial y penal de una persona, como así también, la de quien haya sufrido un delito y busque que la Justicia haga su trabajo. Un dato revelador es que hoy entran, en promedio, 5000 causas al año al Tribunal de Casación, y cada sala, entonces, absorbe casi 1700. Cuando se implemente el nuevo esquema, se estima que cada una de las salas recibirá entre 400 y 600 causas al año. Esto sin dudas agilizará los procesos y las sentencias serán dictadas en plazos más razonables”.

Budassi se mostró también conforme con haber logrado el consenso para aprobar la ley que busca promover la reinserción laboral, y por ende social, de las personas liberadas. La iniciativa, establece que el estado provincial y empresas estatales deberán emplear a los liberados con domicilio o residencia en el territorio de la provincia, que hayan cumplido una pena de más de cinco años de privación de la libertad, siempre que reúnan los requisitos de idoneidad requeridas por la legislación de empleo público, en una proporción no inferior al 2% de la totalidad de su personal”.

Asimismo, Budassi contó que la ley “obliga a los organismos de Estado a priorizar, en sus contrataciones y licitaciones, bajo las mismas condiciones de calidad y precio, a aquellas empresas que empleen a personas que hayan estado privadas de su libertad. Finalmente, las empresas que empleen a liberados podrán imputar al pago del impuestos ingresos brutos un 50% de las remuneraciones que perciban estos empleados.”

Por último, el diputado Budassi sostuvo: "Como ya he dicho cuando no podíamos lograr un consenso, este proyecto revela el claro compromiso del estado provincial con una política de reinserción social para quienes, habiendo tomado un camino equivocado que los llevó a estar recluidos por un lapso considerable, puedan volver al mundo del trabajo y reconstruir su vida en forma plena. La integración social a través del trabajo digno e inclusivo es el horizonte de desarrollo para todos los bonaerenses. La articulación de un Estado activo en la resolución de las problemáticas sociales, y de empresas con compromiso social, es la clave para vivir en una sociedad más justa para todos y todas. Por eso considero que, dada la importancia del proyecto, su aprobación no puede estar sujeta a los vaivenes de un año electoral y debe ser tratado en el recinto lo antes posible”.

En la jornada, también se aprobó la reforma del Código de Ejecución Penal, que adecua el régimen de excarcelaciones a los tratados internacionales.