Instituciones exigen fondos a la Subsecretaría de Niñez

Las instituciones que dependen de la Subsecretaría provincial de Niñez se movilizaron hasta las puertas de la cartera provincial que dirige Pablo Navarro para "exigir el rápido envió de recursos, que en algunos casos está atrasado en más de cinco meses. Mientras los chicos esperan, el gobierno dice no tener fondos", según explicaron.

Las instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia (hogares convivenciales, programas y organizaciones no gubernamentales conveniadas) se autoconvocaron frente a las puertas del área que conduce Pablo Navarro ante la emergencia producida por la ejecución parcial del presupuesto comprometido para este año.

“Llegamos a diciembre con una situación crítica de todas las instituciones. Nos han dicho que las partidas que nos corresponden se han subejecutado, aunque nadie da explicación de por qué, supuestamente los gastos están todos realizados”, afirmó Pablo González del Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral (CTAI).

Las consecuencias son la precarización de las instituciones que atienden a la niñez más vulnerada de la provincia de Buenos Aires. “Algunos tenemos hasta 2 ó 3 meses de demora, e incluso, algunos deben su retraso a un cobro atrasado de cajas del 2010; muchos cobraron tan sólo 8 ó 9 el año pasado. Toda esa deuda se sigue abultando, pero la cara con el proveedor la damos nosotros”, señalaron las instituciones presentes.

"Los castigados directos por esto son los niños. No se puede comprar ropa, comida o medicamentos. Un chico del hogar Juan Carlos Márquez, de adolescentes varones, que tiene que tomar seis psicofármacos distintos, es uno de los principales afectados por la falta de fondos que acusa el área gubernamental de niñez. Uno de los medicamentos de 28 comprimidos cuesta $800 y le dura sólo 14 días. La farmacia no me lo da porque, a este ritmo, se lo van a pagar en marzo”, cuenta la responsable de la institución.

"A esto, se suma que muchos pibes van a ver obstaculizada la vinculación con sus familiares, tal como lo marca la esencia de la nueva ley, porque las instituciones que los contienen no poseen transporte, ni siquiera recursos para pagar los pasajes. Por esa misma cuestión, en algunos ocasiones los pibes tampoco fueron a la escuela", explicaron.

Asimismo, los responsables presentes reclamaron por la falta de una estructura normativa para las instituciones de las que forman parte. “Estamos a cargo de los hogares desde hace muchos años, pero todavía no tenemos el nombramiento. Sin embargo, cuando firmamos, lo hacemos como si fuéramos directores. La estructura nuestra no está armada, pero sí todas las oficinas dentro de la subsecretaría”, apuntó González.

En medio de esta situación, muchos proveedores ya pusieron el grito en el cielo. Han dejado de abastecer a muchos hogares y amenazan extenderlo al resto.

Además, aseguraron que "es el mismo Estado, el que está acusado por las entidades que están bajo su protección por no cumplir los derechos más elementales de los pibes: El derecho a la alimentación, la educación, la salud y a estar con la familia parecen no estar en la agenda de los gobernantes. Esto es un incumplimiento a la ley de niñez y sus principios fundamentales. Por todo ello, estas instituciones se encuentran en estado de asamblea permanente hasta tanto haya una respuesta por parte de las autoridades provinciales".

Entre las instituciones públicas afectadas, se encuentran el Materno infantil Esperanza, el Hogar Constancio P. Vigil; el Hogar La Quinta, el Materno Infantil Arrullos, el Hogar B. Rivadavia, el CTAI (Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral), así como las ONG del ámbito privado como el Hogar Don Bosco, la Fundación Che Pibe, entre otras.