Violencia laboral en la agenda de la Justicia

El mobbing llegó para quedarse y marcó un alarmante crecimiento en el mercado laboral durante 2011, del que no estuvo exento el ámbito judicial. Avanzan proyectos para crear una oficina de violencia laboral y realizar revisiones psicológicas anuales a los jueces. El resonado caso del juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, en el centro de la escena. Así lo informó hoy Punto Jus.

“El año próximo se viene una reforma profunda en el Poder Judicial. Nos preocupa el alarmante crecimiento del abuso de poder en el ámbito de la Justicia, por esto avanzamos con un proyecto para la creación de la oficina de violencia laboral, porque es la propia Justicia quien debe dar el ejemplo”; así, el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, remarcó la necesidad de que la Corte sume la problemática del acoso laboral a sus planes de acceso a Justicia, conforme lo hizo con las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica.

Para esto, desde la UEJN se encuentran trabajando en un proyecto que buscará respaldo no sólo de la Corte sino que apuntará a un desarrollo integral entre la Defensoría de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y la Procuración General, dado que “es imposible que la Justicia pueda juzgar situaciones de violencia cuando en su propio seno tiene un espectro que ampara abusos en la relación laboral, fundamentalmente por parte de los propios jueces para con su personal. Están escondiendo la basura debajo de la alfombra”.

El acoso laboral es un flagelo que viene en pleno ascenso en la Argentina y del que el ámbito judicial no se encuentra al margen. Esta modalidad encierra cualquier tipo de conducta hacia otra persona vinculada mediante una relación laboral, que tiene por objetivo alejarla del medio de trabajo. Se generan así actitudes de acoso que llevan a la víctima al inevitable fin de la renuncia, o a padecer una enfermedad que le impida cumplir con sus funciones. Cuando se habla de mobbing, los expertos coinciden en señalar el ámbito de la administración pública como uno de los más proclives a generar ambientes en los cuales, por uno u otro motivo, las diferentes violencias laborales –y los violentos– encuentran un terreno especialmente abonado.

Tal vez el caso más conocido gira en torno al juez Carlos Rozanski –del Tribunal Oral 1 de La Plata–, quien fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por supuesta violación de los derechos laborales de los empleados. “La violencia laboral es un acoso psicológico tremendo que constituye una seria violación a los derechos humanos que por el tiempo de permanencia ha agravado las cosas”, sostuvo Piumato.

Otro de los casos más resonantes fue el del fiscal regional de Reconquista, Eladio García, quien fue denunciado por maltrato, acoso y agresión a empleados cuando era magistrado en San Jorge. El ex juez obligaba a los empleados a ir al juzgado fuera de los horarios de atención, para que se aparentara que la dependencia judicial prestaba actividad continua; también los obligaba a asistir citándolos mediante la policía local, y los insultaba fuertemente.

“El propio esquema de nuestros juzgados hace que su titular maneje su ámbito directo de influencia con una suerte de poder absoluto que puede convertirse en un hábil liderazgo o en una especie de señorío feudal donde el superior jerárquico se convierte en dueño de la vida de los agentes o subordinados que de él dependen”, analiza el abogado especialista en derecho laboral, Francisco Abajo Olivares.

Obviamente, no todos los jueces, secretarios o fiscales son acosadores u hostigadores; la cantidad de casos de mobbing que se reflejan son la minoría, pero según coinciden los especialistas, “esta actitud prolongada en el tiempo termina afectando a la institución en su conjunto”.

Un flagelo en pleno ascenso. La incidencia poblacional del acoso laboral en la Argentina se calcula entre el 10 y el 15% del total de los trabajadores en actividad. Según un relevamiento de la UEJN, el índice de licencias médicas –la mayoría originadas por situaciones de estrés o tipologías de índole psicosomático– que se ponen de manifiesto en el Poder Judicial ha superado un 30% del personal en forma mensual. “Muchas veces solicitar una licencia médica es el único camino de quien sufre estas situaciones que encuentra para sobrevivir”, sostiene Olivares.

En la actualidad, la Argentina se encuentra aún a la espera de que salga la ley que regule esta figura; al momento, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable –que perdería estado parlamentario– para un proyecto del diputado Héctor Recalde, que busca “dar especificidad a una figura que si bien no está contemplada en forma concreta en la Ley de Contrato de Trabajo, por los principios generales se puede llegar, es decir, cualquier acto de violencia que pueda sufrir un trabajador daría lugar a una protección indirecta”.

Cabe destacar que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce como derecho del trabajador de gozar de condiciones dignas de trabajo que, según la definición de la OIT, se refiere a trabajo decente, entendiendo por tal trabajo seguro, dentro del marco de la libertad, la equidad, seguridad y dignidad humana.

“La justicia laboral investiga y falla a favor de los trabajadores acosados, cuando se comprueba el mobbing. No creo que cuando las investigaciones versan sobre hechos ocurridos en el ámbito del Poder Judicial, se actúe de manera distinta”, sostiene en conversación con BAE, Ernesto Ahuad, integrante de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y al mismo tiempo advierte que “de hecho, la Justicia siempre indaga cada una de las denuncias por mobbing, y no son pocos los casos en los que las mismas terminan con la destitución del magistrado involucrado, recordemos sino el caso de la jueza correccional de Necochea Marta Raggio (destituida por acoso laboral y sexual)”.

Lo cierto es que en materia de legislación la Argentina aún atraviesa espacios vacíos, producto de una ley que aún es resistida por ciertos estamentos. “Sería importante que, si se modifica la legislación para incorporar esta figura, se establezca un sistema que castigue tanto al acosador –cuando se comprueba su inconducta– como al denunciante –cuando se demuestre que la acusación es falsa, carente de sustento, o no haya pruebas suficientes–. Ello permitirá, amén de cubrir el vacío legal que hoy existe sobre este tema, dar seguridad a ambas partes (magistrados y empleados) y evitar la posibilidad de que se recurra a la denuncia contra el magistrado a modo de vendetta”, analiza Ahuad.

En este escenario pueden verse episodios de maltrato verbal, abusos de poder que llevan a los jefes a asignar tareas indebidas o de carácter personal a los empleados, trabas para lograr ascensos, amenazas, entre otras conductas desmedidas frente a las que, según coinciden los especialistas, “los empleados no se animan a denunciar por miedo a las represalias”.

Así, frente a los avances que ha dado la Corte en 2011 en materia de capacitación para los empleados del sistema judicial sobre violencia doméstica o igualdad de género, desde la UEJN buscan que el acoso laboral sea abordado de manera integral partiendo de un sistema en el cual la Justicia obre con el ejemplo a seguir. “Una justicia que trata a sus agentes en forma injusta, violenta, agresiva, no es justicia, y tampoco puede serlo para el resto de los ciudadanos de un país que, a gritos, necesita volver a creer en sus instituciones esenciales”, sintetiza Olivares.

Estudian la revisión psicológica anual para los magistrados

Esta iniciativa se presenta en consonancia a un concepto que viene creciendo en la Justicia: la necesidad de revisar el perfil psicológico de los jueces cada determinado período de tiempo. “Los jueces deberían revalidar su capacidad psicofísica para ejercer la profesión. Hay que hacer una evaluación de gestión de los magistrados, y si no la aprueban que esto sea causal de jury de enjuiciamiento”, sostiene el ministro de la Corte mendocina Mario Adaro.

El magistrado presentó hace ya casi un año un proyecto de ley para que avance en el control psicológico de los jueces dado que “hay muchos magistrados que, por cuestiones psíquicas, no están en condiciones de resolver con ecuanimidad, con objetividad, dado que por las presiones que sufren en el ejercicio de su profesión, no están psicológicamente estables, y no pueden quedar al frente de un juzgado”.

En consonancia con esta iniciativa, el titular de la Agrupación Gente de Derecho, Jorge Rizzo, sostiene que “cualquier trabajador tiene la obligación de hacerse exámenes una vez al año; las empresas habitualmente no cumplen con lo que indica la ley, y no veo por qué los jueces, como trabajadores del Poder Judicial, no debieran sujetarse a la misma normativa que cualquier trabajador común”.

Por su parte, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eugenio Cozzi, amplió más aún esta visión y sostuvo que “no sólo los jueces deberían pasar por exámenes psicológicos sino que también políticos y abogados. Es un tema interesante para discutir. Pienso que habría muchos complicados. Hay jueces que cuando uno habla con ellos parecería que tienen alguna alteración”.

Por su parte, Ahuad señala que las revisiones psicológicas periódicas a los jueces no son el camino adecuado para combatir el mobbing en el ámbito de la Justicia, dado que “se corre el riesgo de que puedan ser utilizados como herramienta de presión. Es una realidad que los jueces pueden ser blanco de denuncias infundadas o falsas, y en tal caso pueden llegar a quedar muy desprotegidos”.


Sabrina Santopinto
Artículo publicado en el suplemento judicial del diario BAE


Fuente: Punto Jus