Llegó la hora de los alegatos en el juicio a los penitenciarios de la Unidad 9

Uno de los capítulos más feroces de la última dictadura comenzará a definirse hoy desde las 15 cuando arranquen los alegatos de la querella en el marco del juicio oral y público que se le sigue a 14 penitenciarios, por crímenes y delitos de lesa humanidad ejecutados en la Unidad 9 de La Plata. Este juicio es considerado histórico ya que por primera vez se juzga a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cómo apéndice de las Fuerzas Armadas. Así lo informó hoy Diagonales.

En la causa están procesados y detenidos el ex jefe del penal Abel David Dupuy y sus laderos Héctor Raúl "Oso" Acuña, Segundo Andrés Basualdo, Elbio Osmar Cosso, Ramón "Manchado" Fernández, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Raúl Aníbal "Nazi" Rebaynera, Víctor Ríos, Valentín "Culito de goma" Romero e Isabelino Vega. La lista la completan los médicos Luis Domingo Favole, Enrique Leandro Corsi y Carlos Domingo Jurio.

Durante el juicio oral que comenzó el 12 de abril último se escucharon crudos relatos de sobrevivientes quienes en primera persona recordaron las palizas y duchas frías que padecieron en noches de invierno, los días tomando agua del inodoro que superaron en las celdas de castigo conocidas como "los chanchos", y las muertes de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport, Ángel Georgiadis, Marcos Augusto Ibáñez Gatica, Gonzalo Carranza, Alberto Pintos, Guillermo Segalli, Miguel Domínguez y Juan Carlos Deghi.

Los médicos acusados por la muerte de Pintos llegaron al juicio en libertad pero el 10 de agosto pasado fueron detenidos y alojados en el pabellón de represores del penal federal de Marcos Paz.

Por el juicio testimoniaron el ex embajador argentino Jorge Taiana, el periodista Eduardo Anguita, el ex presidente de Racing Juan Destéfano, Francisco Gutiérrez -intendente de Quilmes-, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y los gremialistas Hugo Godoy (ATE) y Rafael Moreno Kiernan (AJB), entre otros.

La historia. Entre 1976 y 1983 el penal ubicado en 76 entre 9 y 11 funcionó como un centro de detención legal en el que se albergaron a presos comunes y políticos que, según se sospecha aún, fueron sometidos al plan sistemático de torturas, aplicado por el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense a partir del 13 de diciembre de 1976.

Llegados desde distintos centros clandestinos de detención que funcionaban en diferentes puntos de Argentina, cientos de internos que fueron derivados a la Unidad 9 eran "blanqueados", es decir, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Sin embargo, el pase a la legalidad no implicaba el cese de las violaciones a los derechos humanos. Dicha unidad carcelaria fue una de las que recibió más presos políticos, cuyo destino eran los denominados "pabellones de la muerte", debido a supuesta "peligrosidad" de los militantes montoneros y del ERP.

Si bien varios internos fueron liberados desde el penal, muchos ex detenidos coinciden en haberse enterado de que aquellos a los que se les había efectuado un supuesto traslado fueron vueltos a secuestrar, y posteriormente asesinados o desaparecidos.

Todo parece indicar que el terror no solo fue aplicado sólo por los penitenciarios, sino por una serie de médicos que, conociendo las condiciones infrahumanas de detención, avalaban diversos tipos de torturas que en algunos casos terminaron en muerte.

La causa. La principal usina de datos de lo ocurrido en la U-9 fueron las audiencias del "Juicio por la verdad" que tienen lugar en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde 1998. Ese juicio nació con un único objetivo: conocer lo acontecido durante el terrorismo de Estado que imperó en nuestro país desde 1976 hasta 1983.

La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final en el año 2005 permitió retomar el camino para que esa búsqueda tenga su correlato penal.

La investigación. La causa fue iniciada a partir de la denuncia presentada por el Fiscal Federal Félix Pablo Crous en su calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. Está fundada en los testimonios dados a conocer en el "Juicio Por La Verdad" que APDH, junto a otros organismos de derechos humanos, lleva adelante hace más de 10 años.

El 20 de agosto de 2003, a raíz del pormenorizado análisis realizado sobre las distintas declaraciones testimoniales prestadas allí, los fiscales generales, Carlos Dulau Dumm y Rodolfo Marcelo Molina formularon el requerimiento que dio inicio a la instrucción de la causa caratulada "Dupuy Abel David y otros s/ homicidios, torturas, tormentos, y privación ilegítima de la libertad". Así se individualizó a un importante número de víctimas que entre los años 1976 y 1984 fueron privados ilegalmente de su libertad, sometidos a torturas y asesinados por el personal de las fuerzas conjuntas que protagonizaron el terrorismo de Estado.

Tras la nulidad de las leyes que consagraron la impunidad durante casi 20 años se consideró a los hechos cometidos por personal penitenciario de la U-9 como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles. Y se ordenaron las detenciones de los que hoy están sentados en el banquillo.


Fuente: Diagonales