A capa y espada: Scioli y sus ministros salieron a defender a Casal

El gobernador Daniel Scioli se dedicó el fin de semana a dar los últimos retoques al discurso que brindará mañana martes a las 18 horas en la Asamblea Legislativa y en el que reivindicará su política en la lucha contra la inseguridad. Scioli está convencido que su "posición es inamovible" ya que la gente quiere "rigurosidad y firmeza". El mandatario provincial afirmó que "hay que abordar el tema desde lo lógico y racional, no desde lo ideológico". Así lo informó Diagonales.

La semana anterior, el sciolismo vivió con mucha tensión la reunión organizada por organismos de Derechos Humanos bajo la conducción del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el periodista Horacio Verbistky en la legislatura provincial, quienes cuestionaron la política de seguridad del gobierno provincial, con la presencia del diputado y candidato a gobernador, Martín Sabbatella y la del diputado oficialista Fernando "Chino" Navarro.

En el Ejecutivo provincial se prendieron todas las luces y Daniel Scioli reunió a la plana mayor de su gobierno para pedirles que salieron a defender la política de seguridad y la de su ministro, Ricardo Casal. El primero en salir, fue el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, quien apuntó directamente al ex ministro León Arslanian, como hombre de Duhalde y Solá, al señalar que "quien no obtuvo resultados y ha fracasado, por lo menos debería ser prudente a la hora de calificar a un Gobierno y un Gobernador que está poniendo todo su empeño y que está obteniendo resultados en esta pelea de todos los días contra la inseguridad".

Un día después, el vocero del gobernador, Gustavo Marangoni negó que Scioli "este enfurecido" por los cruces entre algunos sectores kirchneristas, de la oposición y el gobierno provincial, ya que el gobernador no "toma decisiones en caliente". "Es necesario establecer algunos puntos de defensa de nuestras convicciones. En materia de seguridad, como lo ha expresado el gobernador y como lo ha expresado el propio jefe de gabinete de ministros de la Provincia (Alberto Pérez), tenemos nuestro plan, que creemos que es el plan que expresa lo que la gente quiere", advirtió Marangoni.

Por su parte, el ministro de la Producción, Martín Ferré, ayer criticó declaraciones de Felipe Solá sobre el manejo de la seguridad que aplica el gobierno bonaerense y manifestó que "nos asombra que el ex gobernador de la Provincia utilice la ironía para referirse a la política de seguridad que lleva adelante Daniel Scioli. Evidentemente no ha tomado nota del fracaso que junto con su ministro León Arslanián condujeron hasta el año 2007", sostuvo Ferré. Y remató que las políticas implementadas por Solá y Arslanián "nos llevaron a tener una provincia hundida en el miedo de los secuestros, con un caso tan emblemático como el de Axel Blumberg y la desaparición de un testigo clave en los juicios contra la represión como Julio López".

El documento de la discordia

La presentación del documento en el Palacio Legislativo bonaerense, en el centro de La Plata, estuvo a cargo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria; el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS, y Roberto Baradel, secretario general de Suteba.

El acto también contó con la presencia de Hugo Cañón, cotitular de la CPM; Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM; Laura Conte, miembro fundadora de la CPM; Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; Martín Sabbatella (EDE), Hugo Yasky (CTA), Fernando “Chino” Navarro (FpV), el rabino Daniel Goldman (CPM), Carlos Raimundi (SI) y Ariel Basteiro (PS), entre otros.

El documento enumera las causas por las que la seguridad provincial se encuentra en medio de una debacle y plantea una serie de requisitos sin los cuales va a resultar imposible desandar el camino de la violencia. En principio, el eje del documento del Acuerdo para la Seguridad Democrática sostiene que el autogobierno policial es la principal dificultad para evitar que la Bonaerense sea lo que sigue siendo hoy, un argumento violento para sostener sus propios negociados. En ese aspecto, el documento sostiene que “ha quedado demostrado que la autonomía policial como forma de gobernabilidad conduce a respuestas policiales violentas y represivas. No sólo se desentiende del control de las fuerzas de seguridad, sino también de contar con las herramientas de gestión que permiten el monitoreo del delito y del trabajo policial, necesarias para la formulación de las políticas y estrategias de seguridad”. Añade que el “autogobierno significa traspasar” la potestad de investigar delitos y abusos policiales “a los propios efectivos policiales, y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la de- saparición de Luciano Arruga, en enero de 2009”. Caso que –hay que recordar– no fue resuelto aún, y mantiene a los policías acusados sin proceso y en sus funciones.

Como otro dato interesante para destacar, el documento sostiene con una lógica de hierro que “el poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi 5000 millones de pesos no puede recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un jefe de Policía y unos pocos comisarios generales”.

El resultado, como sostiene el documento de ASD y refrenda la realidad circundante, es que resolver “los problemas de seguridad con medidas que profundizan la autogestión policial conducen a cuerpos no profesionalizados, con pocas herramientas para perseguir el delito complejo, funcionales a la reproducción de las redes de ilegalidad y con altos grados de violencia institucional”.

Los puntos que sostiene ASD para empezar a aclarar el panorama que, aunque negro cada vez es más oscuro, son:

- Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas. Que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas en los casos de José León Suárez y Baradero. Se deben delimitar las conductas de todos los policías que intervinieron directa o indirectamente en esos hechos. Es toda una señal hacia afuera y también hacia adentro.

- Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad. Se requieren respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, entre otros temas. Se debe enfocar hacia la especialización y profesionalización de los policías. Y la conformación de un Ministerio de Seguridad. Está claro, agrega el documento, que la mera creación de un ministerio no arregla nada, sino que hay que dotarlo de estructuras que lo hagan posible en su funcionamiento y sus fines. No lo dice el documento, pero no deja espacio para pensar en Casal ni Stornelli.

- Creación de una Policía Judicial. Uno de los problemas actuales es que los fiscales –describe ASD– delegan la investigación en las fuerzas policiales, que terminan autoinvestigándose. El documento exige el cumplimiento de la norma constitucional que ordena la creación de la Policía Judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte, y no como es ahora, policías bonaerenses con destino en judiciales, que deberán investigar a sus colegas. Vale como ejemplo el caso de Baradero: luego de que el policía Gonzalo Kapp disparara el escopetazo contra Lucas, el área no fue cercada, y los cartuchos supuestamente de goma no aparecieron.

- Protocolos de actuación y uso de fuerza. Cómo se hace una detención sin matar a nadie, cómo conducir operativos sin desatar violencia, casos de desalojos, allanamientos, acciones ante la resistencia. Está claro que los Bonaerenses no lo saben o lo ocultan. Sólo recordar el argumento de la confusión de cartuchos de goma por plomo y la innecesaria utilización de armas de fuego para detener a personas desarmadas en fuga o simplemente presentes en el lugar.

- Instancias de control interno y externo. Resulta esencial la creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles para evitar que los policías se investiguen a sí mismos.

- Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud. En síntesis, la Patrulla Juvenil inventada por Casal más que solucionar los problemas con la adolescencia, los agravó, enmascarando gordos de la patota de calle con pecheras naranjas.

- Por último, financiar con una partida presupuestaria específica el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos. Se parte de la base de que las políticas públicas activas desarrollen una intervención social protectora de derechos de los colectivos sociales más desfavorecidos frente a los ingresos y bienes materiales y simbólicos. Son no casualmente los que más sufren el embate de la violencia social y policial.

La propuesta, que cuenta con un amplio marco de firmas de organismos y personalidades de todos los ámbitos, será presentada al gobernador Daniel Scioli con la intención de que se adopte una actitud firme ante tanto desborde policial.

Fuente: Diagonales

Documento: Página 12