Cualquier forma de colegiatura para la Comunicación es inaceptable

Por Víctor Ego Ducrot *

La defensa y valorización de los Comunicadores Sociales no pueden materializarse a costa de las tradiciones democráticas y de las mejores conquistas de los trabajadores. La nueva ley de medios audiovisuales, su texto y su espíritu, señala el camino.

Con preocupación y con la intención de convocar a un debate abierto, y desde el campo democrático, nacional y popular, es que pretendo acercar las siguiente reflexiones respecto de ciertos puntos expresados en el Anteproyecto de Ley de Defensa de la Comunicación, conforme puede leerse en http://perio.unlp.edu.ar/node/1006, y del cual se desprende la propuesta de creación de un Consejo Profesional de Comunicación Social de la provincia de Buenos Aires.

Me refiero puntualmente a sus artículos 1, 2 y 3. El primero dice: “El ejercicio de la profesión de la Comunicación Social queda sujeto a las disposiciones de la presente ley y a las normas reglamentarias y complementarias que en su consecuencia dicten”. El segundo subraya que “A los fines de esta ley se considera ejercicio profesional toda actividad pública o privada, que importe atribuciones para desempeñar las siguientes tareas: a) El ofrecimiento, la contratación y la prestación de servicios que comprometan o requieran los conocimientos propios de un profesional de la Comunicación Social. b) El desempeño de cargos, funciones o comisiones, en entidades públicas o privadas, o nombramientos judiciales o administrativos, que impliquen o requieran los conocimientos propios de un profesional de la Comunicación Social. c) La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier documento, proyecto, estudio o informe pericial sobre asuntos de Comunicación. d) La divulgación técnica o científica sobre asuntos de Comunicación Social”. El artículo 3 finalmente prevé: “Para el desempeño de las actividades enunciadas en el Artículo anterior, deberá contar con título universitario con competencias o incumbencias en Comunicación Social o en su defecto, con título universitario de denominaciones equivalentes expresamente establecido por la Universidad respectiva o autoridad competente, o título revalidado ante las autoridades universitarias nacionales”.

La interpretación de esos tres textos no deja dudas: están postulando la creación de una colegiatura profesional, al mejor estilo de las postulaciones que, en nuestro país, siempre fueron de la mano de las políticas corporativas de los medios concentrados y de los sectores políticos sistemáticamente opositores a las instituciones pluralistas, a los derechos de los trabajadores y, en muchos casos al principio de soberanía popular. Proyectos de colegiaturas para nuestro campo profesional estuvieron en las carpetas de los golpistas del ’55; del ’66 y del ’76; figuran también en las estrategias de ADEPA y de la SIP, asociaciones patronales del sector medios de comunicación, sustentadoras simbólicas y fácticas del Terrorismo de Estado emanado de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y posteriormente de los programas impulsados por el Consenso de Washington.

Son legítimas las aspiraciones de los estudiantes, de los egresados y de los docentes de nuestras carreras de Comunicación y Periodismo respecto de la necesidad urgente de valorizar su estatuto académico y profesional, de bregar por fuentes de trabajo y jerarquizar al campo en general. Sin embargo, esos objetivos deben procurarse en el marco de las tradición democrática, nacional y popular, tanto en los ámbito universitario como en el del movimiento obrero organizado, siendo esté último el que más y mejor luchó contra las aspiraciones oligárquicas y excluyentes de las colegiaturas y de los consejos profesionales restrictivos. Las aspiraciones legítimas de las nuevas generaciones de comunicadores y periodistas no pueden ir a contramano de la lucha por la cual decenas de compañeros y compañeras del campo sufrieron persecución, torturas y muerte en las mazmorras de la última dictadura militar.

Además, es inaceptable que no estén atentas a la forma y valores desde los cuales nos interpela la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), sancionada por el Congreso Nacional del 10 de octubre de 2009, plenamente vigente tras su promulgación por el Ejecutivo y pese a los embates de la corporación mediática concentrada, encabezada por el Grupo Clarín, el de la sospechada de apropiación de niños durante la dictadura.

Uno solo de los tantos conceptos de fondo que incluye esa gran ley de la democracia –el que contempla un tercio del espacio radioeléctrico a disposición de las organizaciones libres del pueblo– basta para poner en evidencia que toda aspiración de colegiatura, con la denominación que la misma quiera utilizar, es violatoria del texto y del espíritu de una norma jurídica ejemplo en el mundo, por su carácter democrático, pluralista e inclusivo.

Quienes estamos comprometidos con el escenario mediático-político que abrió la nueva ley de medios audiovisuales y con el Derecho a la Información como categoría de los Derechos Humanos, llevamos adelante una batalla política y cultural contra los dispositivos tergiversadores de los oligopolios mediáticos. Sostenemos que la libertad de prensa y la libre expresión son garantías constitucionales que rigen para todos quienes habitamos el territorio de la Patria y no patrimonio exclusivo de los medios, de los periodistas y de los comunicadores, como pretenden los oligopolios, con su consecuente conducta violatoria de la Constitución.

Quizás sea éste el momento para que estudiantes, docentes y graduados de Comunicación abramos un debate profundo en torno a la urgente necesidad que tiene el campo de jerarquizarse y defenderse a sí mismo, y ese debate debe incluir el por qué de tanto sustrato neoliberal en nuestras currículas y matrices teóricas de fondo. La revisión debe incluir una discusión profunda sobre cómo las estructuras del poder han impuesto esas matrices, tanto en el grado como en el posgrado y en la investigación; debe contemplar y debatir cuál es el origen por ejemplo de la monografía (escritura única) como estilo excluyente a la hora de transmitir conocimientos o de difundir conocimientos nuevos; debemos abordar con valentía cómo y por qué la sociedad en su conjunto financia estudios primarios, medios y superiores a cientos de miles de jóvenes, en distintas disciplinas, sin que aún se haya considerado qué hacemos los universitarios para devolverle algo a esa sociedad.

Los estudiantes, los graduados y los docentes de nuestro campo, por ser éste parte indisoluble del dispositivo ideológico desde el cual se construye o se disputa poder, estamos en las mejores condiciones para asumirnos como tales, como sujetos de ese territorio cultural y decidir de qué lado estamos, sin estridencias y más allá de las demarcaciones tradicionales; si del lado del campo nacional, popular y democrático, o del lado de las oligarquías, aunque para muchos esa palabra pueda tener resonancias pasadas de moda.

Mientras tanto y para abrir el debate a salvo de errores que puedan ubicarnos en el campo de nuestros enemigos, propongo que el anteproyecto en cuestión sea retirado en forma inmediata y vuelto a discutir.

*Profesor de las carreras de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y de la UNLZ.


Fuente: Corriente por una Comunicación Nacional y Popular