El senado aprobó proyectos sobre seguridad pedidos por el Ejecutivo

El Senado provincial aprobó, entre otros temas y en el marco de las normas solicitadas por el Poder Ejecutivo en el ámbito de Seguridad, el proyecto de ley por el cual se establecen cupos laborales para liberados de establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo consensuado en el Consejo Provincial de Seguridad.

La iniciativa, promueve distintas medidas para posibilitar la reinserción social de personas privadas de la libertad estableciendo un cupo laboral del 2% de la Administración Pública Central para los liberados y se invita a los municipios a hacer lo propio. En cuanto a los privados impulsa beneficios impositivos y ventajas en licitaciones a empleadores que tomen liberados.

El senador Roberto Ravale, en referencia a este proyecto, expresó que “las personas que egresan al mundo libre, después de prolongado tiempo de encierro, sufren múltiples inconvenientes, también sabemos que muchos internos durante el tiempo que están privados de libertad, se dedican a estudiar. De acuerdo a mi experiencia he corroborado que el 90 % de los detenidos que han estudiado una carrera universitaria mientras cumplen su condena, no vuelven a delinquir. Creo que es por eso que tenemos que tomarnos el trabajo de ayudar a reinsertar a estas personas en la sociedad”.

Además, la Cámara Alta sancionó un proyecto de ley estableciendo el régimen provincial de prevención de la tortura y otros tratos crueles, en los términos del protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobados por ley 25.932, proyecto que lleva la firma de los senadores Federico Scarabino, Guido Carlotto y Santiago Nardelli.

De acuerdo a sus fundamentos, “el objeto del régimen previsto por la presente ley es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos independientes, estatales o entidades de bien público cuyo objeto específico se relacione con la preservación de los Derechos Humanos o la problemática penitenciaria, a los lugares de en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

También el Senado aprobó un proyecto de ley en revisión que crea, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el “Registro de no llamar”, con la finalidad de proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los abusos en el sistema de contacto, publicidad y ventas a través de telemarketing.

En otro orden, se aprobaron sendos proyectos de declaración de ciudadanos ilustres post mortem para Eduardo Mallea, el doctor Domingo Pronsato y Roberto Jorge Payró.

Aprueban incentivo para que empresas contraten personas con capacidades diferentes o liberados

El Senado aprobó un proyecto enviado por el gobierno provincial, que es la síntesis de dos iniciativas del senador de 25 de Mayo, Mariano Grau, quien propuso modificar el Artículo 181, en el capítulo referido a exenciones, de la Ley 10.397, para que los empleadores de personas con capacidades diferentes, o de quienes revisten la categoría de tutelados o liberados puedan “imputar (…) el 50% de las remuneraciones nominales que éstas perciban, como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos”. El texto de la iniciativa aclara que: “En ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el impuesto determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos a favor del contribuyente”.

Al texto final se le incorporó, además, un aumento de las tasas de justicia, fondos que serán destinados a la implementación del programa de reinserción.

Grau señaló que “la reinserción social y laboral de personas con capacidades diferentes o de los liberados no resulta una tarea fácil, tanto para ellos como para su grupo familiar, por eso buscamos que el Estado tenga un rol activo en generar las herramientas para contribuir a superar las desigualdades”. Y agregó: “Estas medidas deben ser encaradas con el claro objetivo de facilitar la reinserción laboral y evitar un de los problemas más grandes de los liberados que es la reincidencia”.

Por último, el proyecto obliga al Estado, a sus organismos, a empresas subsidiadas y concesionarias de servicios públicos para que en igualdad de condiciones, de calidad y precio, prioricen la contratación de empresas que empleen a personas tutelados o liberadas.