COU: El Concejo Deliberante repudió las presiones que denunció la Suprema Corte

La medida cautelar que posee el Código de Ordenamiento Urbano (COU) por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y las denuncias por "presiones" que realizó el máximo tribunal de Justicia, fueron los dos temas de debate centrales en la última sesión del Concejo Deliberante. (Diario Diagonales)

El debate comenzó con el pedido de informes que realizó la concejal de la Coalición Cívica, Susana Sánchez, que solicitó que "se informen los motivos por los cuales se contrató a profesionales del derecho ajeno a la estructura municipal para responder a la medida cautelar que decretó la Suprema Corte bonaerense sobre el COU". "El Municipio recurrió al abogado Tomás Hotchinzon que lo representó legalmente, y no vimos ningún contrato de locación ni tampoco los honorarios que deberá abonarle", afirmó Sánchez y agregó que "la Comuna cuenta con un Departamento Legal y Técnico que está capacitado para trabajar sobre estas cuestiones vinculadas en el ámbito judicial ¿Por qué se recurrió a otro profesional?". Quien salió a responderle fue la edil oficialista Lorena Riesgo, que manifestó que "los letrados a cargo para asesorar al Municipio son Julieta Martínez y Juan Ignacio Rafti, la consulta a Hotchinzon fue un patrocinio jurídico".

A la discusión se sumó el edil del PRO, Julio Irurueta, quien expresó: "Están tan hasta las manos con la medida cautelar que están buscando al letrado más reconocido de la Argentina para ver que hacen, y lo triste es que lo vamos a pagar todos los platenses".

La presidenta del bloque oficialista, Valeria Amendolara ironizó sobre el fallo de la Corte al denominar como "iluminados" a cada uno de los integrantes de la ONGs que realizaron la presentación ante la Justicia. "Ellos decidieron sobre una situación de interés general. Se tomó una decisión sin conocer los verdaderos aspectos de esta ordenanza. Fueron sólo dos aspectos puntuales los que suspendieron un Código de más de 400 artículos", expresó y señaló que "los decretos de homologación sí fueron publicados por la Comuna", mientras que la Corte pidió a la Provincia que no realice las publicaciones por su suspensión.

La edil Teresa Urriza (Nacional y Popular) señaló que "la presidenta del bloque de Bruera sigue sosteniendo que la Suprema Corte actuó desinformada. Me da vergüenza que se cuestione políticamente, desde el recinto, un fallo del más alto Tribunal provincial, generando una clara presión".

El segundo debate se dio cuando se trató el proyecto del PRO que pidió que se "repudien las amenazas y presiones calumniosas hacia la Suprema Corte de Justicia bonaerense a partir de la medida cautelar que decretó". Tras varios cruces con la oposición, ya que el oficialismo no veía con buenos ojos la votación, el presidente del Concejo Javier Pacharotti, solicitó la votación del expediente, que el bruerismo confundió que se iba a pasar a comisión, y lo terminó votando por unanimidad.

Finalmente, mientras que el edil Carlos Melzi dudó de algunos concejales por no decir quiénes presionaron a la Corte, el concejal Tangorra volvió a reconocer la valentía de las ONGs que hicieron la presentación, y recalcó: "El fallo es temporal, ejemplar y oportuno en función de los resultados no deseados de su aplicabilidad".