La Plata: Tribunal Oral Federal 1 comenzó ayer juicio al "sátiro de la zapatilla"

El ex agente penitenciario Pedro Guerrero comenzó a ser juzgado ayer en La Plata por un cuerpo de jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal 1, en el marco de un desprendimiento del juicio que se realizó el año pasado, en el que 14 penitenciarios de la Unidad Penitenciaria Nº 9 (U9) fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar. El acusado no pudo ser juzgado en ese proceso porque permaneció dos años prófugo y se presentó espontáneamente cuando ya estaba cerrada la instrucción.

Luego de la lectura de elevación a juicio, Guerrero habló a los jueces subrogantes Jorge Eduardo Chávez, Mario Gabriel Reynaldi y Héctor Carlos Acuña: ensayó una defensa técnica, afirmó que volvería a hablar luego de las testimoniales y prometió rebatir una a una las acusaciones.

En la lectura de la elevación a juicio de Guerrero fueron detallados los testimonios por los cuales se lo acusa por el delito de “tormentos agravados”, en los que se lo mencionó como “El Loco” y “el sátiro de la zapatilla”, ya que una de las modalidades de tortura que aplicaba consistía en “golpear con una zapatilla la planta de los pies de los presos de manera intermitente”, según relatos del juicio por la U9.

Además de la “zapatilla”, que dejaba las plantas de los pies con moretones y calambres en las piernas durante varias semanas, según los testigos había otras técnicas de torturas, entre las que se mencionaron el “teléfono”, que consistía en golpear los oídos; la ducha de agua helada hasta acabar con un jabón de lavar la ropa; la quemadura con cigarrillos; las caminatas arriba de los detenidos; la alimentación insuficiente, ya que la comida era entregada muy caliente y retirada en tres o cuatro minutos; y la obligación de utilizar ropa inadecuada para la época del año, de verano en invierno y de invierno en verano.

El acusado, que con apenas 19 años era inspector de vigilancia y tratamiento, y, en particular, fue señalado como “muy violento y perverso”, “la maldad personificada”, “antihumano”, “una bestia”, que actuaba con “saña en sus acciones”, “le gustaba pegar” y “era temido por los propios penitenciarios”, aunque cuando le tocó hablar a los jueces dijo que sólo cumplió los reglamentos y ensayó una defensa desde el punto de vista técnico-legal.

Guerrero aseguró que su casa fue allanada de manera ilegal, sin requisitoria fiscal, que fue desprocesado y vuelto a procesar en pocas horas, y afirmó que el juez Leopoldo Schiffrin formaba parte de la cámara de apelaciones que intervino en su causa cuando el mismo Schiffin había sido el juez que instruyó el Juicio por la Verdad, durante el cual se recabaron los datos sobre la represión y el Terrorismo de Estado en La Plata. Advirtió, además, que el magistrado platense era asesor de la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel, a quien señaló como una “supuesta víctima”.

“¿Mis derechos van a ser respetados?”, se preguntó, para reconocer luego: “Yo no entré al Servicio Penitenciario por vocación”, y describirse como “un pibe que vino de una provincia (Chaco) en busca de un futuro”, que “tenía muy poca conciencia de lo que pasaba”.

En el expediente, a cargo de la secretaría de las abogadas María Verónica Michelli y Karina Mabel Yabor, intervienen por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos creada por resolución PGN 46/02, los Dres. Marcelo Molina y Hernán Shapiro; los defensores oficiales Dres. Laura Inés Díaz y María Eugenia Di Laudo. También intervienen los querellantes que unificaron su representación: Dr. Oscar Rodríguez y Dr. Marcelo Enrique Ponce Nuñez (en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, Central de Trabajadores Argentinos –CTA-, Alberto Clodomiro Elizalde, María Teresa Piñero -víctima Ángel Georgiadis- y Rafael Moreno Kiernan); Dres. Guadalupe Godoy y Osvaldo Barros (Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos); y Dr. Luis Hipólito Alen (en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación).

Cuestionador

Guerrero intentó una defensa técnica que incluyó críticas a los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni y a la presidenta Cristina Fernández. Atacó, además, a los testigos en el juicio de la U9 que se reconocieron militantes de organizaciones armadas y, en particular, señaló acciones guerrilleras ocurridas antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.


Fuente: Diagonales