El socialismo busca que la telefonía móvil sea servicio público

A través de una iniciativa legislativa, el diputado provincial socialista Carlos Nivio reclama la declaración como “servicio público” al servicio de telefonía móvil, en todas sus modalidades.

De conformidad con la Constitución Nacional -que prevé en su artículo 42º la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos-, Nivio reclama (en coincidencia con la Ley presentada por Giustiniani en el Senado) que la telefonía móvil sea declarada servicio público en nuestra provincia, estableciendo un marco regulatorio que garantice los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados y la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables, situaciones que hoy no ocurren y están a la cabeza en los reclamos de las oficinas de Defensa del Consumidor y Oficinas de Defensorías del Pueblo.

En los últimos años el uso de telefonía móvil ha tenido un crecimiento muy significativo, hasta reemplazando a veces a la telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos, en la actualidad existen en nuestro país alrededor de 8 millones de líneas fijas, mientras que el número de celulares asciende a más de 45 millones (cerca de 93 por cada 100 habitantes). La masividad del servicio resalta la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil que, además de regular las tarifas del servicio.

Existen datos fundamentales para la regulación de los servicios públicos que son de difícil observación, como las funciones de costos, la rentabilidad de las inversiones, etc. Por ello, la legislación debe crear un Ente Regulador del servicio y obligar a la empresa prestataria a brindarle toda la información que necesite para un cumplimiento adecuado de sus funciones.

Se debe contar con una legislación transparente y un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la información, a efectos de actuar con independencia, ya que cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto respecto de los empresarios como de los funcionarios gubernamentales, el sistema continúa dependiendo de decisiones asociadas a determinados proyectos políticos y empresarios.

El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras de servicios de telefonía móvil, y la protección de los derechos de los usuarios a la igualdad, a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de los servicios que utilizan diariamente, constituyen las competencias primordiales que deben ser asignadas al Ente Regulador, dado que éste no es un árbitro entre dos partes iguales, sino que existe una notoria desigualdad entre los dos sujetos -empresas y usuarios- entre los cuales el Ente debe mediar.

Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social, consiste –por ejemplo- en mantener informada a la comunidad sobre la evolución de los indicadores de precios y calidad de servicios prestados por los diversos operadores, integrando a los ciudadanos al proceso regulatorio (mecanismos que también prevé la Constitución en el reconocimiento efectivo de la disparidad de fuerzas existente entre los usuarios y las empresas), asegurando su legitimidad.

En la Audiencia Pública en que se discutió el proyecto de Giustiniani, una de las principales conclusiones fue la necesidad que de manera urgente el Estado intervenga en la regularización de este mercado, al que calificaron de oligopolio, ya que los consumidores son víctimas de los abusos constantes de las empresas. Como ejemplo, cabe mencionar que el minuto prepago cuesta el doble en comparación con un abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan que son las personas de menos recursos y los jóvenes.

Se coincidió también en que después de tantos años de implementarse el sistema y existiendo ya más de 40 millones de celulares activos en el país, no puede ser que la telefonía móvil no sea un servicio público como sí lo son los teléfonos fijos.
El Congreso Nacional debería no sólo dictar marcos regulatorios para cada servicio a prestar, sino una Ley Orgánica sobre marcos regulatorios que homogenice reglas generales y que ninguno de los marcos específicos pueda desconocer.

Los mecanismos regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de los agentes reguladores dentro de un marco legal que provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes.