La CPM rechazó la Ley Antiterrorista y pidió revocarla

lunes, 2 de enero de 2012

La CPM de la Provincia de Buenos Aires manifiestó "su más firme oposición a la Ley Antiterrorista recientemente sancionada por el Congreso de la Nación". Pidieron "a las autoridades nacionales y al Congreso de la Nación a revocar esta Ley".

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) explicaron que "ante lo que se ve como una obvia imposición por parte del llamado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que responde a intereses que no son los de la Nación Argentina, y dada la premura desde la cual se generó esta norma jurídica, la CPM cuestiona el tratamiento de una ley tan importante en sesiones extraordinarias, sin previa convocatoria al debate a juristas y representantes de organizaciones de Derechos Humanos y otras de la sociedad civil".

Además, declararon que "esta ley antiterrorista aprobada no se vincula solamente a supuestas inversiones extranjeras y al narcotráfico, sino que contiene la posibilidad cierta de condenar durísimamente cualquier delito que un juez estime que se realiza o realizará con "la finalidad de generar terror en la población", lo que denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal o grupal".

"La ley amplía peligrosamente las figuras penales aplicables, aumenta las penas y vincula la protesta cívica a una figura tan determinante y vaga como la de "terrorismo", sostuvieron e indicaron: "Todo condicionamiento de la protesta social enturbia los avances conseguidos en nuestra democracia, y afectará a quienes protesten o realicen movilizaciones en el futuro. No puede ni debe el Estado, ni ninguno de sus poderes, juzgar la intencionalidad de las personas que protestan. Las motivaciones o finalidades de las acciones, así como las intenciones y las ideas, no pueden ni deben ser materia de acción estatal".

"La CPM tiene clara memoria de la ley de facto Nº 17.401 de la dictadura de Onganía, que bajo el pretexto de reprimir al comunismo otorgaba a la SIDE el poder de calificar a personas o grupos de comunista, extremista o lo que fuese para condenar a cualquiera por su actividad política. ¿Quién o qué organismo va a decidir de ahora en adelante qué es y qué no es "terrorista"?", se preguntaron.

También, expresaron que "la CPM considera intrascendente la aclaración de los legisladores, en el sentido de que las agravantes previstas no se aplicarán cuando los hechos tuvieran lugar "en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, porque lo inadmisible es que la aplicación de esta ley dependerá de la interpretación y aplicación por parte de jueces de primera instancia, y es sabido que las instancias de apelación no impedirán el efecto de severos daños causados".

Finalmente, la CPM exhortó "a las autoridades nacionales y al Congreso de la Nación a revocar esta ley, así como a rechazar toda propuesta y reclamo de organismos internacionales que vulnere derechos fundamentales".

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