Puiggrós y Alak se reunieron por la reglamentación de la ley de estímulo educativo

La presidenta del Frente Grande, diputada nacional Adriana Puiggrós y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, acordaron trabajar conjuntamente en la reglamentación de la ley de Educación en cárceles, sancionada y promulgada en 2011, y en la creación de ámbitos educativos en esos espacios.

La Ley aprobada en 2011 por el Parlamento argentino, establece que la aplicación de la normativa estará a cargo de la cartera educativa nacional, del ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus respectivos en las jurisdicciones provinciales.

Es el ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre otros organismos, el responsable de “atender las indicaciones de la autoridad educativa y adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento”.

Por tal motivo, la presidenta del Partido Frente Grande (FG), la diputada nacional Adriana Puiggrós, quien es una de las autoras de la ley, acompañada por el secretario General del FG, Daniel San Cristóbal, se reunió el pasado viernes 24, con el ministro Julio Alak, con el fin de coordinar acciones tendientes a la reglamentación de la ley y su puesta en marcha en los diversos servicios penitenciarios.

Luego de la reunión mantenida en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Puiggrós y Alak, coincidieron en la necesidad de “crear todos los mecanismos necesarios para la reglamentación de la ley y el desarrollo de ámbitos educativos en las cárceles”, cuyo eje es “la garantía del derecho a la educación como un bien público”.

“La educación es un derecho universal que hace a la condición del ser humano y que le permite construir lazos sociales. En este sentido, el Estado debe tener un rol protagónico en el estímulo del interés de las personas privadas de la libertad para instruirse y reintegrarse a la comunidad. Este derecho esencial de socialización que implica la educación, debe ser respetado y garantizado en todas sus instancias, por lo cual también debe producirse en las unidades penales”, subrayaron Alak y Puiggrós.

Sobre el tema del acceso a la educación como acción de integración social, Puiggrós y el ministro Alak, señalaron que “la tasa de reincidencia de los internos que asistieron a cursos universitarios no supera el 3%, cuando la medida de las cárceles federales argentinas supera ampliamente el 40% entre reincidentes y reiterantes”.

Ejes de la Ley

La sanción de la modificatoria de la ley Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Ley 24.660, propone en su artículo 140 un “estímulo educativo”. En éste se establece que “los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de postgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo establecido por la ley N° 26.206 en su Capítulo XII”.

En tal sentido se establece que estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses y pueden ser: un mes por ciclo lectivo anual. Dos meses por curso de formación profesional anual o equivalente. Dos meses por estudios primarios. Tres meses por estudios secundarios. Tres meses por estudios de nivel terciario. Cuatro meses por estudios universitarios. Dos meses por cursos de postgrado.

Esta responsabilidad consistirá, entre otras acciones, en “proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario, adoptar las previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo obstáculo que limite los derechos de las personas con discapacidad, asegurar la permanencia de los internos en aquellos establecimientos donde cursan con regularidad, mantener un adecuado registro de los créditos y logros educativos”.

En el articulado también se hace hincapié en la capacitación del personal penitenciario para lo cual las autoridades pertinentes tienen que “fomentar la suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas” y “garantizar el acceso a la información”.