La UCR pide "derogar la tasa diferencial de impuesto de sellos”

sábado, 18 de febrero de 2012

El senador por la UCR Juan Carlos Simón presentó en la Cámara Alta bonaerense un proyecto de ley para propiciar la derogación de tasa diferencial del impuesto de sellos de la Ley Impositiva.

A lo largo de su presentación Simón explicó que “esta tasa se estableció, en referencia a actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la Provincia, concertados en instrumentos públicos o privados, fuera de la Provincia, el cuarenta por mil 40 o/oo…”.

La ley impositiva 2012, estableció que toda operación realizada por un notario ajeno a la Provincia de Buenos Aires, debe pagar un punto más de tasa por impuesto de sellos de lo que cuesta hacerlo con un profesional bonaerense, la que es del tres por ciento (3%).

“Ante la presentación de una acción de amparo, realizada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema, de la Nación, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el cobro de ese impuesto, de modo que la provincia no podrá exigir su pago –en este caso particular- a los escribanos porteños, ni a quienes contraten los servicios de los profesionales capitalinos, dado que fue ese Colegio Profesional el que presentó el amparo”, fundamentó el legislador radical.

Según se informó, “lo que se pretende recaudar con el cobro de ese impuesto en particular, podría provenir de la coparticipación nacional, si las autoridades pertinentes, exigieran y acordaran una nueva ley de coparticipación nacional, que beneficiaría sobremanera a nuestra provincia”, remarcó Simón.

De la misma manera, el artículo 997 del Código Civil señala que "cuando un acto fuera otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente".

Finalmente, Simón señaló que “de no derogarse ese impuesto, se afectará en grave forma el derecho a ser asistido por un profesional de confianza, así como varios artículos constitucionales tales como, la igualdad en las cargas públicas, a la libertad de elección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios y a la libertad de trabajar y ejercer toda industria lícita”.



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