Por colectivo de Mujeres de la Matria Latinoamericana
Desde el colectivo de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) de La Plata celebramos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite que una mujer que fue violada pueda practicarse un aborto sin previa autorización judicial y no ser penada por ello al igual que el médico/a que se lo practique.
Es necesario aclarar que esto es en todos los casos ya que la interpretación restrictiva del Art. 86 del Código Penal avala esta práctica sólo cuando la mujer violada fuera idiota o demente.
Asimismo creemos que es imprescindible agilizar el debate dentro de la Cámara de Diputados de la Nación para sancionar el proyecto de Ley de Despenalización y Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que el Estado debe hacerse presente asumiendo esta realidad como un problema de salud pública dado que su penalización no hace más que poner en riesgo a las mujeres en cuanto a su salud, su libertad y su vida.
Es un fallo inédito que sienta jurisprudencia y que evitará el impedimento burocrático sobre el ejercicio de un derecho que ya está adquirido. La decisión de la Corte Suprema es un reflejo del debate que se viene dando en la sociedad, desde hace muchos años y cada día con más fuerza.
A diferencia de las lamentables palabras que emitió hoy el funcionario oficialista Julio Alak, nostras estamos convencidas de que la sociedad ya debatió, que son sobradas las razones para argumentar que la legalización de la IVE a través del servicio de salud es un derecho, que es el único medio para evitar que anualmente mueran un centenar de mujeres y de cientos de mujeres que anualmente se someten a una interrupción del embarazo en condiciones inseguras y en la clandestinidad.
Nos parece urgente que el Ejecutivo apunte en su agenda esta problemática que afecta fundamentalmente a las mujeres al no poder decidir sobre nuestro cuerpo. La legalización y despenalización del aborto no sólo es una cuestión de salud pública sino también de Derechos Humanos y justicia social. No podemos esperar más: la clandestinidad del aborto pone en riesgo nuestra salud, nuestra libertad y hasta nuestra vida.
El debate ya está dado
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