La Plata: Declararon de interés juicio por delitos económicos durante la dictadura

Por iniciativa de Valeria Amendolara, presidenta del bloque del FPV-PJ, se declaró de “Interés Social y para la Memoria Colectiva” el juicio que llevará adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1 por el “caso Iaccarino”.

En el marco de la sesión especial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó unánimemente el apoyo al juicio por el secuestro ilegal y la apropiación de bienes de la familia Iaccarino, que comenzará el mes próximo pudiendo convertirse en un caso testigo que beneficiaría a innumerables víctimas. Los imputados son los ex comisarios Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y subjefe, respectivamente, de la Brigada de Investigaciones de Lanús.

Al tomar la palabra, Amendolara expresó que “los Iaccarino tenían un proyecto de vida ligado al trabajo, al esfuerzo y a la creatividad, que les fue arrancado a fuerza de los peores vejámenes es su paso por catorce centros de detención, ocho de ellos clandestinos, en los que estuvieron casi dos años”.

“Tenemos que seguir resaltando que el golpe cívico militar, además de buscar implantar un modelo económico, buscaba ventajas personales, quedarse con el botín. La resolución del juicio que se viene configuraría una categórica desapropiación de bienes, característica que lo asimila al desapoderamiento denunciado por los integrantes del Grupo Graiver en el caso Papel Prensa”, agregó la Legisladora.

En los fundamentos del proyecto puesto a consideración del cuerpo deliberativo de la Capital provincial se expresa que “la demanda de las víctimas se funda en los Principios de Reparación del jurista holandés Theo van Boven que implica que la violación de los derechos humanos no puede dejar de lado la evaluación del daño económico”.

Para concluir su intervención, la concejal Amendolara señaló que “Alejandro y Carlos Iaccarino siguen luchando como lo hicieron durante todo este tiempo buscando la justa recuperación de sus bienes y la reparación integral por los delitos de secuestro, tortura, falsificación de documentos y extorsión de los que fueron objeto. Aunque lo más significativo es la búsqueda de la reparación moral”.