Piden que se considere la guerra de Malvinas como parte de la dictadura cívico militar

La Comisión Provincial por la Memoria representada por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Alejandro Mosquera y Laura Conte, con el patrocinio de los abogados Roberto Cipriano García y Juan Manuel Combi, sostuvieron que "las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las Islas Malvinas son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles".

En su presentación judicial la Comisión Provincial por la Memoria afirma que los hechos de tortura denunciados en el marco de la guerra de Malvinas e investigados por la Justicia son imprescriptibles porque deben encuadrarse dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad. De este modo el amicus curiae presentado ayer, sugiere al Máximo Tribunal que revoque la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Casación que declaró prescripta la acción penal, haciendo lugar al pedido formulado por la defensa del imputado Jorge E. Taranto y revocando de ese modo una resolución previa de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

En ese sentido, Adolfo Pérez Esquivel, copresidente de la CPM dijo: “La Comisión Provincial por la Memoria se suma al reclamo de verdad y justicia con los soldados que lucharon en Malvinas. No podemos separar lo que es la dictadura de la Guerra de Malvinas. Hay que investigar a los responsables de los crímenes cometidos no sólo en el país, sino también a los soldados que estaban combatiendo en Malvinas. La Corte Suprema debe revisar la resolución de la Cámara de casación, porque le están negando a los ex soldados el derecho a la justicia. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo y deben ser comprendidos desde esta perspectiva.

Por su parte, el Dr. Hugo Cañón, copresidente de la CPM, sostuvo: “Es importante ver que se instaló en la dictadura militar un discurso de relegitimación de la propia dictadura a través del conflicto en Malvinas. Y ese discurso se instaló a través heredar la idea de que fueron héroes de Malvinas aquellos que en definitiva tenían que ver con el plan sistemático de exterminio dentro de la Argentina. Así, por ejemplo, se ha levantado la figura del Capitán Giachino como un héroe de Malvinas cuando en realidad fue un torturador de la ESMA reconocido y además recibió cursos por parte de EEUU y se ofreció voluntariamente para formar parte de los grupos de tareas. Él como Pernía y como otros torturadores que ya fueron juzgados y condenados permiten demostrar que hay una continuidad entre el plan que se aplicó dentro del Territorio Nacional con el que se aplicó en Malvinas. Los oficiales de las Fuerzas Armadas actuaron con la misma metodología. Con estaqueamientos, torturas, simulacros de fusilamiento, hambruna y eso no puede ser negado. Hubo muchos años de silencio debido a lo que significó la tortura psicológica de los ex combatientes, que no podían poner en palabras todo el sufrimiento que ellos recibieron. Con el tiempo se fue reconstruyendo esta verdad que llegó al Tribunal de Río Grande, lo confirmó la Cámara de Comodoro Rivadavia. Lamentablemente Casación no lo tomó de esta manera y por eso estamos ante la Corte Suprema”.

La CPM advirtió que detrás del reclamo justo por la soberanía, "hay ciertos relatos de la guerra de Malvinas que buscan la legitimación de la dictadura. Estas memorias consideran héroes a todos los que participaron en ella, incluyendo a los oficiales que actuaron directamente en la represión y que incluso han sido condenados por violaciones a los derechos humanos".

Tmbién Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la CPM dijo: "Hubo un intento de invisibilizar la tortura y muerte que padecieron los excombatientes, hoy ellos tienen la posibilidad histórica de que la sociedad escuche los testimonios silenciados y el pueblo argentino profundice su camino de verdad, memoria y justicia. Menéndez, Pernía, Astiz fueron parte del terrorismo de estado en el continente y en las islas. No hay héroes entre los genocidas de nuestro pueblo".

La lista de represores vinculados con la Guerra es vasta y algunos de ellos son íconos del terrorismo de Estado. Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Julio César Binotti revistaron en los grupos de tarea de la ESMA. El Coronel Mario Losito fue uno de los responsables de la Masacre de Margarita Belén ocurrida en Chaco en 1976. Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las Islas durante el conflicto es sobrino de Luciano Benjamín Menéndez que actúo en la represión en Córdoba”.

En ese marco, Mario Volpe, Presidente del CECIM, afirmó: “No puede haber un doble estándar, no podemos llamarle héroes de guerra a quienes fueron torturadores. Tenemos más de cien testimonios de compañeros ex combatientes de Malvinas que merecen ser escuchados por la Corte Suprema. Cuando volvimos de las Islas nos obligaron a callar todo lo que allí habíamos vivido. Luego empezamos con este reclamo y estas denuncias, se tardó tanto porque la sociedad necesitó hacer un proceso para poder escucharnos.”

La presentación de la CPM incorpora abundantes antecedentes y jurisprudencia internacional (Declaración Americana, Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Convención Interamericana para la prevención de la Tortura) y concluye afirmando que lo que está en juego “reviste el carácter de gravedad institucional, por hallarse en tela de juicio la extinción de un proceso penal cuyo objeto versa sobre la investigación de delitos que ofenden a la humanidad, y cuya impunidad propiciaría la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos”.

Otro testimonio es del de Pablo De Benedictis, excombatiente y víctima que relató: “en mi caso he tenido amenazas personales y a mi familia por denunciar estos hechos en 1985. Fui torturado en las Islas, me metieron en pozos de zorro llenos de agua congelada. Estos castigos se nos aplicaban cuando por ejemplo íbamos a buscar carne que comían los oficiales y que a nosotros nos era negada. Me ordenaban hacer cuerpo a tierra al lado de un campo minado”.

También, Pedro Benítez, excombatiente y víctima, contó a los presentes: “Un día fui estaqueado de las 10 de la mañana a las 16 hs. Luego me dejaron 6 días sin comer. Otro día un oficial me ordenó que me tirara de cabeza a un pozo de zorro lleno de agua helada. Estando castigado se me acusó de comer queso con dulce, un oficial me preguntó entonces con qué mano había comido y entonces me hizo hacer cuerpo y me golpeó reiteradas veces con su arma en esa mano, de eso no me olvido nunca más”.

Según se informó, la causa judicial comenzó en 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego. El expediente contiene cerca de cien denuncias contra oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por torturas, estaqueamientos, muertes por hambre y hasta un asesinato. La investigación había quedado paralizada porque la Cámara de Casación sostuvo que los delitos habían prescripto. Este recurso de queja que se presentará ante la Corte acompaña la postura del fiscal general Javier De Luca que pidió que se resuelva que los vejámenes que sufrieron los soldados durante la guerra deben ser considerados delitos de lesa humanidad.