Durante la presentación del Informe “Luchar es un Derecho” en ATE, Cachito Fuckman, de la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos, explicó que la sistematización se realizó sobre un total de 2268 criminalizados, registrados durante la investigación que aún tiene carácter preliminar. Se pudo identificar que los sectores más criminalizados son los sindicales (31,6%), y pueblos originarios y campesinos (31,4%). Luego, siguen los desocupados, las organizaciones partidarias y territoriales.
Fuckman indicó: “Empieza a ocurrir que, ante los conflictos, se abren causas a los máximos referentes de esa organización”, haya o no haya estado presente. Por eso, “decimos que se judicializa a la organización política, y también, a la solidaridad. Cada vez hay más casos en los que se le abren causas a compañeros sólo por estar presentes en el conflicto, como el caso de Vilma Ripoll, o a abogados de derechos humanos que acompañan las causas”.
Desde el Colectivo de Abogados Populares La Ciega, se citó la denuncia realizada desde el Ministerio de Trabajo hacia Jerónimo Altschuler, referente de la AGTCAP. La causa por “acciones amenazantes” fue impulsada por el Secretario de Empleo, Enrique Deibe, y se abrió luego de una protesta por el recorte de un subsidio que respalda a las cooperativas.
En tanto, la provincia con más criminalizados por protestar es Buenos Aires, con 1800 procesados. Sin embargo, llama la atención los porcentajes de Neuquén y Santa Cruz, ubicados en tercer y cuarto lugar después de Río Negro, dado que son provincias con muy baja densidad poblacional. También, sorprende Córdoba, por el bajo porcentaje que observa: “Lo que ocurre en Córdoba es que se aplica en Código Contravencional y luego no se aplica la pena, entonces los compañeros no se consideran judicializados”, afirmó Fuckman.
Todas las libertades democráticas
En la presentación, los panelistas señalaron que la idea del informe nace de una postura política que implica denunciar las violaciones de derechos humanos del pasado, pero también las del presente. Y eso trae aparejado romper con la idea instalada socialmente de que “el kirchnerismo no reprime”. Así, porque según el trabajo estadístico las judicializaciones aumentaron durante los gobiernos kirchneristas, con picos en 2009 (14,3%) y 2010 (32,9%). Los asesinatos, por su parte ascienden a 10 en 2010, a 5 en 2011, y en 2012, ya se registraron 4.
Esos picos tienen relación directa con el aumento de la conflictividad social. Para Claudia Ferrero, abogada de la Asociación Profesionales en Lucha, tiene que ver con “la irrupción de la lucha obrera en 2010, por las rupturas con las burocracias sindicales y, a la par, la política del gobierno de fortalecer a las burocracias y aplicar la sintonía fina, el ajuste”.
No obstante, el objetivo “no es abatirse por los resultados del informe, sino poder poner el debate en la calle, en el pueblo, para poder exigir políticas que garanticen las libertades democráticas”.
“La diferencia es que ya no es la decisión individual de un juez, es una política de Estado que se revela en el discurso de la Presidenta cuando deslegitima a los piqueteros, o en el de la Ministra Garré con la política de la Seguridad Ciudadana, o con funcionarios del mismo ejecutivo denunciado directamente a los luchadores sociales”, indicó Ferrero. “Desde 2010 se da un giro en la política del Gobierno: se le da más participación a Gendarmería, se militarizan los barrios pobres, y queda al desnudo la estructura de espionaje con el Proyecto x”.
En este mismo sentido, se aprobó la Ley Anti-terrorista. Quienes la votaron se respaldan en que es sólo simbólica, para cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Cachito Fuckman aclaró: “Para nosotros funciona desde el primer día, porque te dice “ojo, podés ser acusado de terrorista”, y tal como lo hacía la figura de subversivo en la dictadura, eso separa al luchador de su entorno social. Nadie quiere ser amigo de un terrorista ni que lo llamen terrorista”.
“Da bronca que personas del kirchnerismo salgan a votar la Ley anti-terrorista. Es muy grave, simbólicamente, ver a el diputado Pietragalla, que es hijo de desaparecidos y nieto recuperado, votando a favor de la Ley”, afirmó Julio, de HIJOS La Plata.
Aunque en los fundamentos la Ley exprese que “quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social”, en la práctica los habilita. Así, porque aumenta los mínimos y máximos de las penas, volviendo cualquier figura que se aplique en no excarcelable.
La pobreza y la protesta
“Éste informe está anudado al de Criminalización de la pobreza de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)”, aseguró Fuckman. Y lo graficó con el ejemplo de la represión en Bariloche: “Primero la Policía de Río Negro mata a un pibe por matarlo, y después ante la protesta de los vecinos, se desata la represión y hay dos asesinatos más. Primero, por pobreza y después por protesta”.
Por ello, al Informe estadístico se le agrega como anexo el listado de víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2001-2012. El número de víctimas registrado es de 72.
El informe completo está disponible en: http://encuentromvyj.files.wordpress.com/2012/03/informe-criminalizacion-de-la-protesta-organismos-ddhh-emvj-marzo-2012.pdf
Fuente: Indymedia
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