En un escrito presentado en la Comisión, al que tuvo acceso el portal de noticias policiales y judiciales platense Fojas Uno, se
indicó que deben desestimarse las denuncias por retraso en la
tramitación de expedientes y por violencia laboral en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal 1 de La Plata. En abril, el Consejero por la
oposición, Mario Cimadevilla, había pedido por estos motivos la citación a declarar para Rozanski, puntapié inicial para el juicio político.
"Surge
de modo evidente que los cuestionamientos formulados entre los
magistrados no son más que la exteriorización de una relación personal
conflictiva motivada principalmente por desavenencias en la formas de
organizar el trabajo del Tribunal, pero que no constituyen faltas
disciplinarias o causales de remoción", indicó Moreno en su presentación, haciendo caso omiso a la cantidad excesiva de causas sin trámite, como también a la consecuencia de la falta de trabajo del juez: el nombramiento de jueces subrogantes que ofician de "tribunal paralelo" para poder hacer frente al atraso.
Moreno, diputado nacional por el Frente para la Victoria, consideró que "el
atraso en la tramitación de los expedientes se encuentra justificado
por la gran cantidad de expedientes en trámite debido a la vasta
jurisdicción territorial abarcada, la gran cantidad de audiencias
celebrados entre el año 2006 y 2008, fundamentalmente en los juicios
llevados a cabo en causas de lesa humanidad y en otros delitos como los
homicidios de Santiago Miralles y Diego Peralta".
Sin
embargo, en su pedido de citación a declarar para Rozanski, Cimadevilla,
senador por la UCR, había considerado que el Tribunal "ha contado
con recursos materiales y humanos suficientes para hacer frente a los
trámites previos y las audiencias de debate de las "causas de lesa
humanidad", sin que pueda admitirse una afectación en la regularidad del
trámite de las "causas comunes", con fundamento en la realización de
estos juicios".
En una entrevista radial, Cimadevilla explicó que "nada
más que en materia de desembolsos a ese Tribunal en los últimos tiempos
para llevar adelante estas causas se le dieron más de un millón de
dólares. Una cifra que no sé si se le habrá dado a otro Tribunal que ha
tenido causas iguales, o mayores a lo mejor de lesa humanidad, y no ha
dejado prescribir tantas causas comunes".
Maltrato ficticio
En su dictamen, Moreno también descartó que en el Tribunal se hayan vivido escenas de acoso laboral, tal como denunció el gremio de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que encabeza Julio Piumato.
Tras citar
el testimonio de una secretaria que se desempeñó "durante 4 semanas" en
el Tribunal y añadir el de otro secretario que refirió un clima "muy
cordial" de trabajo, "de mucho compañerismo", el diputado indicó que "no se advierte que los magistrados denunciados hayan generado o favorecido un clima de trabajo hostil". La curiosidad es que Moreno hizo caso omiso a los más de 8 empleados que refirieron con sus testimonios personales en el Consejo de la Magistratura de la Nación a situaciones generadas por Rozanski que fueron calificadas como hostiles y persecutorias.
Entre
otras denuncias, el año pasado el gremio de la UEJN apoyó a un grupo de
empleados del Tribunal que denunció por parte de Rozanski "maltrato laboral, el bastardeo de nuestro trabajo y la desidia en el trámite de todos los expedientes del Tribunal". En octubre, incluso, Julio Piumato pidió "protección" al Consejo de la Magistratura para los empleados "víctimas de violencia laboral" del juez Rozanski y decretó un cese de actividades. "¿Quién banca a un juez que le grita a empleadas embarazadas?. Dr Rozanski, ¿eso no es violencia de género?", se preguntó el gremio en un panfleto lanzado en los Tribunales.
Desestimando todo
En otro orden, el
dictamen de Moreno rechaza también las denuncias de Rozanski contra los
jueces Pablo Bertuzzi y Horacio Isaurralde, quienes ya no integran el
Tribunal.
"En
relación con la imputación formulada al magistrado Bertuzzi por su
intervención en el incidente nro. 2805/II/08 se comparte los argumentos
de la resolución del Juzgado Federal nro. 3 de La Plata al desestimar la
denuncia penal por el trámite de este incidente", indica el dictamen.
El Consejero añade que "tampoco
se han podido acreditar las imputaciones en contra del magistrado
Isaurralde, ya que su desempeño en la Justicia y las declaraciones de
los testigos demuestran que no se encuentra en un supuesto de
incapacidad psíquica para el ejercicio de su cargo".
Fuente: Fojas Uno
Fuente: Fojas Uno
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