Sobreseen a cuatro ex senadores de la UCR en una causa por corrupción

Con duras críticas a los sistemas de control estatal, el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata resolvió sobreseer a cuatro ex senadores radicales bonaerenses, procesados por presunto fraude con el otorgamiento de subsidios, informaron fuentes judiciales.

En la resolución se menciona una sentencia del Tribunal de Cuentas, sobre el análisis patrimonial de los subsidios otorgados por los entonces senadores a las entidades sin fines de lucro, durante el 2000, de la que surge que no hubo perjuicio económico.

Aunque sí se advierte en ese fallo que la normativa de control aplicable "incurre en omisiones que devienen en un excesivo margen de discrecionalidad en favor del funcionario facultado para otorgar subsidios y que, consecuentemente, menoscaban la función de control a cargo de los organismos pertinentes".

En el fallo se dejó en claro que si bien no pudo acreditarse el delito "los agentes que integran la organización estatal están sujetos a ciertos deberes éticos en el ejercicio de sus funciones que exceden el mero cumplimiento formal de la legalidad vigente, circunstancia no ajena al poder que los suscriptos representamos".

Con estos términos, los jueces Horacio Nardo, Isabel Martiarena y Carmen Palacios, hicieron lugar al pedido formulado por el fiscal de Juicio Rubén Sarlo, luego de analizar prueba documental aportada por Darío Saldaño, defensor de la ex legisladora imputada, Ana María Posadas, dijeron las fuentes consultadas.

También explicaron que el Tribunal entendió que al no detectarse perjuicio patrimonial no se da uno de los requisitos típicos de la figura penal que se investigó en esta causa: "fraude en perjuicio de la administración pública".

Es decir, los jueces interpretaron que no hubo delito y por ello sobreseyeron a los ex senadores Posadas, Gustavo Marelli, Carlos Pérez Gresia y Alberto Stávale, y a los ex empleados de la legislatura bonaerense Víctor Weckeser y Daniel Montes.

Esta investigación, que estuvo a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos de la capital bonaerense, se inició en el 2002, a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios, durante el 2000, al parecer en fundaciones "inexistentes o fantasmas", una de ellas denominada Río de La Plata, por unos 120.000 pesos.