Piden que se aclare la situación de las viviendas desadjudicadas en Pinamar

El titular del Bloque de Senadores bonaerenses de la UCR, Carlos Fernández, presentó nuevamente una iniciativa en la Cámara Alta bonaerense, solicitando al Instituto de la Vivienda que informe sobre la construcción de viviendas sociales en la localidad de Pinamar a través de la Fundación Eco-Pinar.

A lo largo de su presentación, Fernández explicó que “la construcción de este complejo, data desde mediados del año 2000 y que fue resultado de un convenio entre el organismo bonaerense y la -hoy desaparecida- Fundación Eco-Pinar, por el que originalmente se planeó erigir 150 unidades familiares y que finalmente sólo se construyeron 25, bajo el paraguas del decreto 3201/70, que regula la adjudicación de las viviendas sociales”.

Más adelante, remarcó que “a raíz de diferentes irregularidades en la adjudicación del Plan se iniciaron actuaciones judiciales en la Fiscalía de Mar del Tuyú, y posteriormente actuaciones administrativas a cargo del Instituto de la Vivienda”.

En este sentido, agregó que “el 16 de marzo del corriente año el Instituto de la Vivienda “desadjudicó” 22 de las 25 viviendas construidas por diferentes irregularidades, todas por manifiesto incumplimiento de los requisitos para su adjudicación. Incluso entre los beneficiarios del Plan se encontraban las hijas del actual Intendente del Municipio de Pinamar y los hijos del Secretario de Servicios Urbanos”.

Asimismo, el titular de la bancada radical, en base a trascendidos de las actuaciones judiciales de que, “los apoderados de la Fundación Eco-Pinar, mantienen lazos comerciales con el jefe comunal y que fue creada el 1° de junio de 2000, "justo un día antes de recibir 500.000 dólares, primera parte del subsidio provincial que sumaba dos millones de dólares", solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad que informe sobre la denuncia efectuada contra el Intendente de Pinamar Blas Altieri y sobre el avance de la investigación, indicando si se ha procesado a persona alguna y el plazo aproximado que demandará la Investigación Penal Preparatoria.